La otra minería artesanal. Por: Luis Meléndez (*)

El ataque de un grupo armado dentro de la mina Poderosa ocurrido en Pataz hace algunas semanas —que tuvo como saldo nueve muertes— devela algunos sentidos comunes en la opinión pública respecto a la minería artesanal que vale la pena discutir.

Los mineros artesanales, ya sean informales o ilegales —distinciones borrosas en la práctica—, suelen ser entendidos como una suerte de poderes fácticos operando en espacios “sin presencia estatal”. Se los presenta como “enemigos del Estado”, que atacan la “institucionalidad” y el “estado de derecho”. Y, en aquellas ocasiones en las que se muestran sus vínculos con el Estado, casi siempre se los limita a una lógica de colusión, corrupción o prebenda. Según esta narrativa, serían grupos motivados por intereses económicos muy particulares, antagónicos e irreconciliables con el interés público o nacional.

Estas imágenes no surgen de manera fortuita; más bien, encuentran su origen en prácticas censurables que están presentes en algunos “casos emblemáticos” del país. El problema surge cuando estas imágenes ocultan la diversidad del sector minero artesanal y simplifican en exceso su correlato político en la sociedad.

Durante casi un año, viví con mineros artesanales en una localidad al norte de los Andes peruanos como parte de mi investigación doctoral. En ese lugar, la minería artesanal, a pesar de su naturaleza informal y también ilegal, desempeñaba un papel crucial en la creación y consolidación cotidiana del poder estatal.

Por ejemplo, aquellos mineros artesanales financiaron la construcción del local municipal de centro poblado, porque el anterior se caía a pedazos. Ellos destinaban al municipio un porcentaje fijo de sus ingresos (una especie de “tributo minero”) para la realización de obras como parques, plazas, veredas, etc. Además, ofrecían a las autoridades locales sus contactos políticos en las oficinas estatales (desde la región hasta Lima) para facilitar la gestión y acceso a más obras y recursos para la comunidad.

Por otro lado, ante la falta de una “tecnocracia local”, los mineros ponían a disposición sus ingenieros y personal técnico para el diseño de obras y proyectos públicos. El pago a profesores en la escuela y el equipamiento continuo del centro de salud también permitían que estas instituciones brinden servicios a la ciudadanía en medio de la precariedad.

Estos apoyos se destinaron a agencias estatales con escasos recursos económicos y poder de decisión, lo que hace difícil hablar, en este caso, de una «captura del Estado». Si bien los mineros artesanales pudieron forjar un prestigio social a partir de estas contribuciones, también es cierto que muchos de estos aportes fueron reapropiados por las autoridades locales y presentadas a la población bajo la figura del Estado. Aquí, las instituciones estatales se legitiman y funcionan no a pesar de este tipo de minería, sino gracias a ella.

Los territorios donde predomina la minería informal e ilegal no son espacios necesariamente incompatibles con la dimensión pública del Estado. Son espacios donde el Estado se reproduce —material y simbólicamente— de formas menos predecibles para el análisis superficial.

Preocupa los avances que han hecho actores criminales sobre diversas actividades económicas (entre ellas, la minería artesanal), pero mal haríamos en estigmatizar a los mineros artesanales como si siempre representaran fuerzas delictivas que usurpan el poder estatal. En muchos casos, nos guste o no, son actores que facilitan el desarrollo funcional y territorial del Estado lejos de la capital.

* Luis Meléndez es candidato a Doctor en Antropología por Western University, Canadá. Email: lmelend@uwo.ca