Cajamarca: La “radicalización” del presidente regional y los poderes fácticos en tiempos de conflicto

Cajamarca: La “radicalización” del presidente regional y los poderes fácticos en tiempos de conflicto

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“Nosotros pretendemos hacer que la autoridad marche de acuerdo a las organizaciones sociales de base. Que no imponga desde arriba […] los acuerdos tienen que tomarse abajo y la autoridad ejecutarla”.
Rondero, entrevista de abril de 2014

Detrás de los titulares de parte importante de la prensa que cubre el conflicto contra el proyecto Conga, en Cajamarca, hay un fuerte supuesto: dirigentes y autoridades con una impresionante capacidad para direccionar a una población pasiva y propensa a la manipulación. El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, fue víctima de estos argumentos, siendo sindicado como alguien que “manipuló a miles de los ciudadanos de su región para impedir por la fuerza el inicio del proyecto Conga” (El Comercio, 8/10/13), y para quien, sin más, “los ignorantes campesinos son su carne de cañón” (Correo, s. f.). Sin negar el margen de acción de los liderazgos políticos, ¿qué tanta validez tienen estas afirmaciones?

El presente artículo tiene el propósito de reconocer los poderes fácticos, esos poderes informales, pero no necesariamente ilegales (Sánchez 2009), que condicionan las decisiones gubernamentales del presidente regional de Cajamarca respecto a su posición mantenida en el conflicto contra el proyecto Conga, propiedad de Minera Yanacocha. Sin embargo, hay que advertir que el interés no recae en aquellos poderes fácticos que se practican desde el establishment económico y político, sino más bien en los poderes fácticos “desde abajo”, más locales —como la estructura organizativa construida en torno a las rondas campesinas y frentes de defensa—, que llegan a influir en las decisiones del gobierno regional a través del ejercicio de la sanción política.

El inicio: Celendín y los encuentros interprovinciales

Los primeros reclamos en relación con el proyecto Conga vinieron mucho antes de que Gregorio Santos ocupe la presidencia regional. Se iniciaron, al menos, por el año 2004, cuando autoridades locales y rondas campesinas de Celendín presionaron para que su alcalde provincial, Mauro Arteaga, emita la Ordenanza Municipal N.° 020 con el fin de proteger los recursos hídricos que estarían amenazados por el proyecto extractivo. Sin embargo, estos reclamos no llegaron a una mayor escala de tensión; todavía eran demandas locales sin mayor trascendencia. Es en 2010, con la difusión del EIA, que los opositores comenzaron a tener acceso a una información más detallada del proyecto minero y a organizar la desconfianza acumulada por Minera Yanacocha. Uno de ellos fue Milton Sánchez, de la Plataforma Interinstitucional Celendina, quien iría a cumplir un importante papel de intermediación al facilitar la articulación de las organizaciones sociales de Celendín —principalmente, rondas campesinas y Sutep— con otras representaciones del departamento, gracias a sus vínculos con la ONG Grufides, y a la que pronto se sumó la labor del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca (FDAC), presidido por Wilfredo Saavedra.

Así, con un conglomerado de organizaciones de base más articuladas, se llevaron a cabo cuatro encuentros interprovinciales de frentes de defensa para coordinar esfuerzos contra el proyecto Conga. El primero de ellos se concretó en Celendín, a fines de noviembre de 2010, cuando ya se tenía conocimiento de las nuevas autoridades electas; y la segunda, el 26 de junio de 2011, en la provincia de San Marcos. Estos espacios de coordinación, si bien tenían el propósito de maquinar contra el proyecto de Minera Yanacocha, también incorporaron a las autoridades públicas en su cadena de demandas y petitorios, como fue el caso del presidente regional, a quien exigían medidas para la defensa del medioambiente.

Gregorio Santos, también conocido como Goyo, es un político que proviene de los sectores de las rondas campesinas y del Sutep más afines a Patria Roja, partido donde milita, quien ganó las elecciones con un discurso bastante crítico para con las mineras, pero sin ninguna alusión al proyecto Conga, más por desconocimiento, pues aún no era parte del debate público regional. Llevaba medio año en el gobierno, y desde las bases se creía que era hora de saber su postura sobre el polémico proyecto. Es así que en el encuentro de San Marcos se planteó la necesidad de gestionar una reunión con él; el encargado de ello sería Saavedra, del FDAC.

Periodo de conocimiento: julio a setiembre de 2011

En los primeros días de julio, un aproximado de ochenta delegados de las rondas y frentes de defensa de las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y San Marcos, entre otros, acudieron al local del gobierno regional para tener una reunión con Santos, la cual había sido concertada con anterioridad. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, a su encuentro salió el vicepresidente regional, César Aliaga, quien les comunicó —según los informantes— que Santos se encontraba de viaje en Chota, por lo que él los atendería en su reemplazo. La noticia no agradó a los dirigentes, y su ausencia fue considerada como una burla, por lo que rechazaron reunirse con Aliaga, y comenzaron a hacer arengas en defensa del agua y en contra del presidente regional; incluso, algunos propusieron tomar las instalaciones del local. Sin embargo, de repente, de un momento a otro, apareció Santos. Luego de las disculpas de por medio, los delegados le informaron sobre los acuerdos tomados por las bases respecto al proyecto minero, y, en ese sentido, se le demandó respaldar los reclamos y emitir ordenanzas regionales para la protección de las fuentes de agua que se verían afectadas. A modo de respaldo, Santos prometió que trabajaría en la elaboración de ese tipo de ordenanzas, y acordó que el 11 de julio se llevaría a cabo una inspección a la zona del proyecto Conga para constatar in situ el avance de sus operaciones y su impacto en el medioambiente.

De este modo, en el día pactado, se realizó la visita al área del proyecto con la presencia de alrededor de cien miembros de los frentes de las provincias, además del vicepresidente regional, funcionarios del gobierno regional y técnicos de la empresa minera, quienes trataron de absolver las interrogantes planteadas por los “visitantes”. Al finalizar el recorrido se redactó un acta en la que se suscribieron algunos compromisos, como la evaluación del EIA del proyecto minero por parte del gobierno regional.

Para cuando se realizó la reunión en el gobierno regional, Santos y sus funcionarios no tenían suficiente conocimiento sobre el proyecto Conga. Es recién con estas coordinaciones con las organizaciones de base que el gobierno regional comenzó a virar hacia el problema. César Aliaga, vicepresidente regional, reconoce que fue a partir de estos eventos que la gestión tomó mayor conciencia de la magnitud del proyecto extractivo: “En verdad, para nosotros, el tema de Conga es un tema que emprendimos a partir de estos hechos. No teníamos todavía con claridad qué cosa significaba” (entrevista, 13 de marzo de 2014).

Sin embargo, para las autoridades no siempre es un asunto sencillo marcar una posición pública sobre los tópicos exigidos por los ejecutores de accountability. Si bien hasta ese momento, en los espacios forjados con las organizaciones sociales, Santos mostraba una posición afín con la causa de los opositores al proyecto, aún no expresaba un discurso bien definido “hacia fuera”, hacia la comunidad cajamarquina en general.

El presidente regional y su buró político comenzaron a informarse más sobre el proyecto minero y a analizar los costos y beneficios de cualquier estrategia política que podrían emprender. En el congreso extraordinario de Patria Roja, realizado en agosto, los funcionarios del gobierno regional, con Santos y Aliaga a la cabeza, advirtieron a los compañeros del partido que los reclamos contra el proyecto Conga podrían complicarse. Sin embargo, estas advertencias fueron como un grito en el vacío, pues todavía no había una convicción interna sobre el problema.

En 18 y 19 de agosto de 2011, se realizó el tercer encuentro interprovincial de frentes de defensa en Hualgayoc. Los petitorios hacían cada vez más alusión al presidente regional, a quien solicitaban medidas normativas para la protección de las cabeceras de cuenca, así como el cumplimiento de sus ofrecimientos de campaña. Pasaban los meses, y Santos no daba visos de una posición firme y pública contra el proyecto Conga. El presidente regional, se insinuaba desde las bases, estaría a favor del proyecto de Minera Yanacocha.

Periodo de decisiones: octubre de 2011

El 21 de octubre se desarrolló la cuarta y última asamblea interprovincial en San Pablo. En esta ocasión se sintetizaron los reclamos a Goyo. Los presentes pedían la revocatoria, una demanda que se venía gestando desde meses anteriores. Además, se acordó ir a paro regional indefinido para el 24 de noviembre. Santos tenía que pronunciarse cuanto antes.

Como admite el vicepresidente regional de Cajamarca, por ese entonces se “decía que el gobierno regional no se pronuncia, se pronuncia a medias, no quiere plantear, hay que plantear la vacancia a Goyo; nos ha traicionado”. Debido a ello, y ante el inicio de las movilizaciones, era pues el “momento para plantear un giro táctico y plantear cuál era nuestra posición” (entrevista, 13 de marzo de 2014). Ya habían pasado varios meses desde la inspección a la zona del proyecto (julio). Desde el gobierno regional se creía tener la información necesaria como para tomar una decisión oficial. Pero —tal vez lo más importante— se hacía más evidente la fuerza que había ganado la oposición al proyecto minero y su talante para la movilización, que no se podría eludir. Es así que el gobierno regional, adelantándose al paro indefinido programado por la coordinadora de frentes de defensa, anunció un paro de 24 horas para el 9 de noviembre.

Fue una posición que se asumió luego de sopesar sus costos y beneficios. Si el gobierno regional no se sumaba a la causa, corría el riesgo de ser desbordado por los desafiadores y ver restada su legitimidad; y si lo hacía, se atenía a la arremetida del gobierno de Humala y de Minera Yanacocha. No fue solo una decisión acotada a lo ambiental, sino también una que tenía muy en cuenta sus posibles desenlaces políticos. En esto recae la efectividad de estos mecanismos de presión; es decir, en el cálculo que las autoridades hacen de los costos que conlleva el no corresponder al llamado de los movilizados. Santos, cuya formación como dirigente proviene de las rondas, conocía perfectamente el potencial movilizador que estas tienen y la capacidad de sanción que podrían ejercer, y que antes habían demostrado en el conflicto Quilish, cuando “arrinconaron” al presidente regional y al alcalde provincial de Cajamarca. “Aquí estábamos contra la espada y la pared: o nos barría el movimiento social y nos desubicaba para siempre; o nos poníamos al costado, y obviamente íbamos a tener al frente al gobierno y a Yanacocha […]. Fue una decisión consciente, luego de varios meses de duración”, sentenció un funcionario anónimo (entrevista, marzo de 2014).

Para Goyo, el paro de 24 horas era una medida prudente y acorde a las circunstancias, a diferencia del paro regional indefinido de los frentes, que le parecía, a todas luces, una propuesta exagerada e innecesaria. Es por ello que, antes de su inicio, se reunió con varios dirigentes sociales de la coordinadora interprovincial de frentes para hacerlos desistir en sus propósitos, aunque sin lograr éxito alguno. La reunión acabó en un ambiente de tensión. Santos no era (aún) lo suficientemente radical.

Periodo de “radicalización”: desde noviembre de 2011

El 16 de noviembre, el presidente Ollanta Humala dio una conferencia de prensa en la que informó acerca de su posición como gobierno: “Rechazamos posiciones extremas, como el agua o el oro. Nosotros planteamos una posición sensata: el agua y el oro”, avalando con ello la viabilidad del proyecto Conga. Con los ánimos caldeados, el paro indefinido comenzó en la fecha programada, pero sin la intervención inicial de Santos. En la capital de Cajamarca, en los primeros días de marchas, además de las habituales quejas contra Minera Yanacocha y Humala, los reclamos también retumbaron en la fachada del gobierno regional. Los manifestantes reprocharon la actitud de Santos de no involucrarse en las movilizaciones, pronunciando arengas como: “El pueblo luchando y Goyo trabajando”, y con permanentes amenazas de revocatoria. Como recuerda un consejero regional: “Vimos la presión de la gente cuando venía frente al gobierno regional a hacer la protesta, y de todas maneras teníamos que salir” (entrevista, 26 de marzo de 2014). No pasó ni una semana de iniciado el paro indefinido, y Santos se plegó a las filas de los anti Conga; no estaba de acuerdo, pero tampoco encontraba otra opción.

Ya en las movilizaciones, Gregorio Santos emprendió un repertorio discursivo más focalizado contra el Gobierno central, siendo Humala y su actitud conciliadora con las transnacionales el blanco de sus ataques. Su pronunciamiento de días anteriores era la oportunidad perfecta para atacarlo y legitimar un discurso contestatario en torno a su persona. Santos sabía que tenía que recuperar el terreno político perdido y ser más “radical” que los “radicales” era una forma de hacerlo.

Para el mes de diciembre, Santos ya era visto por los medios como el presidente regional que comandaba un movimiento en contra de la actividad minera en Cajamarca. Sin embargo, en la práctica estaba permanentemente supeditado a las organizaciones sociales, más todavía en los momentos más álgidos del conflicto. En ese mes, en la ciudad de Cajamarca se efectuaron dos reuniones con los ministros para poner fin al conflicto, pero sin resultados satisfactorios. Lo interesante es que en estos eventos las intervenciones de Santos estaban condicionadas a acuerdos previos concertados entre las rondas y frentes. Días antes a las reuniones con los ministros, las organizaciones sociales y las autoridades regionales se concentraban en el local del gobierno regional, para discutir desde quienes asistirían hasta los puntos a tratar en dichos espacios y, por supuesto, el papel que tendrían las delegaciones sociales y autoridades como Santos. A Goyo se le asignaba un protagonismo menor, pues “se entendía que esta era una lucha social, una lucha popular; él es una autoridad política, no quien lidera las luchas” (anónimo, entrevista de abril de 2014). Así, a la hora de la hora, Gregorio Santos fue prudente en sus intervenciones: era muy cauteloso, consultaba a las bases. Por ello no es de extrañar las quejas del primer ministro, Óscar Valdez, quien al salir de dichos encuentros, en un tono frustrado, criticó a Santos por dejarse “manipular” por dirigentes como Saavedra, del FDAC. Esa era su interpretación de los hechos.

Las movilizaciones, que habían sido paralizadas por el Estado de emergencia de diciembre, se reactivaron en abril de 2012. El conflicto era foco de atención de todos los medios regionales y nacionales, y Santos había consolidado un discurso de oposición más definido, pero no solo contra la empresa minera, sino también contra el propio Humala. En un mitin de inicios de junio, Goyo instó a derrocar a Ollanta Humala, debido a que estaría faltado a sus promesas electorales. Este provocativo acto le costó las críticas del establishment político nacional, que reforzaron su imagen de autoridad contestataria.

Santos se había convertido, por fin, en ese “radical” que conocemos.

Epílogo: ¿una autoridad que moviliza o que es movilizada?

En conclusión, tenemos a un presidente regional que si bien posee un potencial de agencia, por ejemplo, a la hora se sesgar su discurso de protesta contra el presidente Humala, es una autoridad que está constantemente condicionada por una estructura organizativa construida en torno a los frentes de defensa y rondas campesinas. Esta ejerce presión a través de la sanción política —“chantaje político”, pero sin su sentido peyorativo— que eleva los costos políticos de no corresponder a su llamado, y que se hacen sentir aún más en una autoridad como Santos, que proviene de estos sectores sociales y políticos. Así, Goyo pasó de una posición ambigua y con escasa información sobre el proyecto a una versión más “radical” (siempre entre comillas) y pulida respecto al proyecto y sus oponentes; claro está, en un proceso nada fácil, sino más bien lleno de dilemas y conflictos (internos).

Nota: Publicado originalmente en En Revista Argumentos, Edición N° 3, Año 8, Julio 2014. Disponible en http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/cajamarca-la-radicalizacion-del-presidente-regional-y-los-poderes-facticos-en-tiempos-de-conflicto/
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* Antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro adherente del Instituto de Estudios Políticos Andinos, órgano impulsor de la Revista Andina de Estudios Políticos – UNMSM (lmelendezg@gmail.com).
Este artículo es parte de una investigación mayor, y se sustenta en trabajos etnográficos en la zona de estudio y en alrededor de setenta entrevistas efectuadas en 2012 y 2014.

Referencias bibliográficas

El Comercio (8 de noviembre de 2013). “Desvistiendo al santo”. Disponible en: <http://elcomercio.pe/politica/opinion/editorial-desvistiendo-al-santo-noticia-1656373> (última consulta: 18/07/14).

Correo (s. f.). “Esto no tiene remedio”. Disponible en: <http://diariocorreo.pe/opinion/noticias/EPENSA-053593/esto-no-tiene-remedio> (última consulta: 15/07/14).

Sánchez, Enrique (2009). “Poderes fácticos y gobernabilidad autoritaria”. En Javier Esteinou y Alma Rosa Alva de la Selva (coords.), La “Ley Televisa” y la lucha por el poder en México. México: Fundación Friedrich Ebert, UAM Xochimilco.