Reflexiones a propósito del proyecto Tía María

Reflexiones a propósito del proyecto Tía María

  • Por: Fabiola Casaretto*

Históricamente nuestro país ha sido considerado como uno de los destinos más atractivos para la extracción de minerales en la medida en que se han implementado –con mayor énfasis desde la década de 1990– una serie de medidas para facilitar las inversiones orientadas a la explotación de los recursos mineros. No obstante, a pesar de incontables esfuerzos por mitigar los efectos negativos de dicha actividad, se siguen registrando gran cantidad de conflictos sociales alrededor del país.

Según un reporte de conflictos sociales emitido por la Defensoría del Pueblo, para el 23 de marzo del presente existían 27 conflictos  mineros en estado latente y 78 en estado activo. Estos conflictos son muy complejos, no solo porque están implicados distintos actores (Estado, sociedad civil, empresariado y población afectada directa o indirectamente), sino también porque pueden implicar problemas de gobernabilidad y afectar el desarrollo del país. Un caso en el que se evidencia con mayor claridad  la complejidad de estos procesos es el proyecto “Tía María”.

Precisamente, este  caso  es interesante por varias razones. Primero, porque dado que es un proyecto minero de gran envergadura que cuenta con una inversión que asciende a los US$ 1.400 millones, permitiría elevar la producción de cobre en 120.000 toneladas anuales durante su periodo de operación; y segundo, porque es una inversión estratégica para nuestro país en virtud de que somos  el tercer productor mundial de cobre incluyendo otros productos mineros que  representan el 60% del total de nuestras exportaciones. A pesar de su relevancia, la actividad minera ha venido desacelerándose en los últimos años, situación ante la cual cabe formularse la pregunta: ¿qué sucede con las estrategias del gobierno para afrontar los conflictos sociales?

El jueves 12 de marzo del 2015, la Presidente Regional de Arequipa, Yamila Osorio,  pidió suspender el inicio de las obras del proyecto minero debido al clima de creciente tensión que se vive en la provincia de Islay. La decisión no fue fortuita, sino más bien consecuencia de una serie de hechos que se produjeron desde que la empresa Southern Copper Corporation anunció el inicio de sus operaciones en dicha provincia en el año 2009; es decir, desde hace más de 6 años. El móvil de dichas protestas, según los  dirigentes de los agricultores del Valle del Tambo y del Frente de Defensa, es visibilizar la demanda de los productores agrícolas sobre la afectación de la actividad agrícola en el Valle del Tambo.

Ante ello, el gobierno nacional propuso como una de las alternativas de mitigación de estos conflictos, la instalación de mesas de desarrollo para el diálogo y la negociación con la población de Islay. Sin embargo, dichas estrategias resultaron infructuosas ya que aun habiéndose instalado las mesas de desarrollo con los ministros de Agricultura, Juan Manuel Benites; de Energía y Minas, Rosa Ortiz; y del Ambiente, Manuel Pulgar, para el 20 de marzo del presente –y a casi seis años después del anuncio– el inicio del proyecto minero se avizora en “estado de incertidumbre”. Tal es así  que el mismo 20 de marzo, Julio Morriberón, director de Relaciones Institucionales de Southern Cooper, anunció la cancelación del proyecto y el retiro total de la inversión de dicha empresa en Arequipa.

Si bien por la tarde de ese mismo día, el presidente del directorio de dicha firma, Óscar Gonzalez Rocha, y la Ministra de Energía y Minas, Rosa Ortiz, señalaron que el proyecto se llevará a cabo con total normalidad, no se puede negar la incertidumbre que se tiene con respecto al desenlace del proyecto.

Por otra parte, hace unos días se intentaron retomar  las negociaciones entre los Viceministros de Agricultura y Minas, Yamila Osorio y  los alcaldes de la provincia de Islay, Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia en Islay. Sin embargo, la reunión se caracterizó por lo exacerbado de los ánimos y la falta de diálogo, confirmándose  el carácter impredecible de este tipo de negociaciones. Muy a pesar de que no es nada sencillo descifrar esta problemática desde una mirada externa, sí es posible tomar en cuenta algunos aspectos para su abordaje.

Como se señala en el libro Minería y Conflicto Social realizado por De Echave et.al., publicado por el Instituto de Estudios Peruanos en el 2009, no es realista sostener que existen soluciones predeterminadas para los conflictos sociales. En realidad, los conflictos sociales relacionados a la actividad minera no pueden resolverse, pero sí ser transformados. Es decir, al considerar los conflictos como situaciones donde se establecen relaciones de fuerza entre distintos actores que  cuentan con diferentes necesidades y/o aspiraciones, lo que se puede hacer es desplazarlos hacia otros escenarios políticos que permitan modificar las condiciones que generan los conflictos y recién en ese momento plantear la estrategia de abordaje. Por ello, en el caso del proyecto «Tía María», no es suficiente  la instalación de las mesas de desarrollo y la convocatoria  a actores claves como los dirigentes de los agricultores del Valle del Tambo y del Frente de Defensa, sino que también las autoridades del gobierno tienen la responsabilidad de recuperar la confianza de los actores locales. De lo contrario, el saldo de 19 personas heridas en el paro iniciado el 28 de marzo, se duplicará en las próximas semanas y, cuando eso suceda, el coste social y politico será más dificil de afrontar. Estamos avisados.

 

Referencias

De Echave, José, Alejandro Diez, Ludwing Huber, Bruno Revesz, Xavier Ricard Lanata y Martín Tanaka (2009). Minería y conflicto social. Lima: IEP, CBC, CIPCA, CIES.

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*Fabiola Casaretto es estudiante de Ciencia Política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, actualmente se desempeña como investigadora asociada al Instituto de Estudios Políticos Andinos.