Escapar de la Alienación Política

Escapar de la Alienación Política

Pablo A. Quintanilla

Ph.D. (c) Sociology

McGill University

Envuelto en una niebla de corrupción y malestar político, el Perú avanza, cabizbajo y sin ganas, hacia sus próximas elecciones generales. Alguien dirá que votar ha perdido su promesa, después de todo, pareciera que nuestra vida política fuese constantemente mediocre, corrupta y decepcionante. Coincidimos en un desalentador diagnóstico: la democracia peruana es precaria y poco legítima, sus instituciones ineficientes y débiles, y las acciones y decisiones de sus autoridades poco representativas de la voluntad popular. A los ciudadanos pareciera que nos hubiesen confiscado el poder político; los principales intereses y problemas sociales están hoy claramente desconectados de las prioridades y decisiones de nuestros gobernantes. Agudamente, Alberto Vergara señaló que estaríamos atrapados en un sistema de “alternancia sin alternativa”. Y la ausencia de alternativas trasciende la continuidad del modelo económico; se aplica también a la manera precaria, prepotente y desequilibrada en que funciona el poder político a lo largo del territorio. La pregunta importante dejó entonces de ser, ¿quién ganará las próximas elecciones? para convertirse en, ¿cómo construimos una mejor democracia?

Ante esta pregunta, los ciudadanos solemos exigir reformas centradas en las características institucionales del Estado y de los partidos políticos. Sin embargo, este énfasis en el mundo formal de la política nos hace perder de vista otra dimensión de gran importancia. En este texto desarrollaré, desde una perspectiva sociológica, algunas ideas sobre el mismo problema aunque visto desde un ángulo distinto. En vez de centrarnos únicamente en los aspectos formales de la política, sugeriré que debemos también prestar atención a la sociedad misma. Primero expondré algunos supuestos de la lógica básica de la democracia, para señalar cómo éstos generan un diagnóstico enfocado en el Estado y los políticos. Seguidamente, examinaré las limitaciones tanto de esos supuestos como del diagnóstico. Argumentaré que para fortalecer la democracia necesitamos también de la participación de organizaciones intermedias, que expresen la complejidad y diversidad de los intereses de grupos sociales concretos. Su interacción constante y cercana con las autoridades de gobierno facilitará relaciones de confianza y legitimidad.

La (Incumplida) Promesa Democrática

La idea general señala que la democracia consiste en el autogobierno de una comunidad humana de individuos libres e iguales. En términos prácticos se sigue que, mediante el voto mayoritario, la sociedad expresa su voluntad en las urnas y elige un gobierno para sí misma. La votación mayoritaria de ciudadanos iguales ante la ley otorga así legitimidad y poderes de gobierno a los individuos electos—devenidos autoridades políticas—por un periodo de tiempo determinado. Esto contiene dos supuestos: primero, que existe algo cercano a una voluntad popular unánime (de un mismo ánimo o parecer) que será revelada por el voto mayoritario, y segundo, que esa voluntad designará un cuerpo de jefes políticos que estará a cargo de representar (hacer presente) los intereses y problemas de la sociedad, y de dirigir el aparato burocrático estatal de acuerdo con ellos. Una democracia legítima y saludable sería aquella en donde las campañas electorales y las candidaturas políticas permitan cumplir con esa lógica. En breve, la democracia establece un gobierno cuyo origen es moral, y cuyo funcionamiento es administrativo.

Buena parte del malestar de la democracia peruana actual consiste en reconocer que vivimos excesivamente distantes de ver aquella promesa cumplida. En la práctica, los políticos y sus partidos no ofrecen plataformas que se vinculen claramente con las aspiraciones y necesidades de la población. La representación de intereses está tan venida a menos que a muchos se les va haciendo costumbre votar no a favor de algún candidato, partido o programa, sino en rechazo del más indeseable. Y a pesar de recibir una votación mayoritaria, las autoridades electas simplemente incumplen con aquellas reformas principales que supuestamente implementarían una vez en el cargo. Se mantienen las formas pero no el fondo; las reglas de la democracia serían la pantalla engañosa de un sistema político elitista, en donde unos pocos cuentan mucho y muchos cuentan poco. Conviven en conflicto nuestra esencia ciudadana y existencia democrática. El problema fundamental consiste, entonces, en que vivimos alienados de nuestra política.

El Diagnóstico y las Reformas

Partiendo de ese diagnóstico general solemos interpretar una serie de problemas. El Estado y los gobiernos caen presa de poderes fácticos (económicos, religiosos, internacionales, mafiosos, informales) que influyen en ellos de manera subrepticia y desproporcionada, motivando decisiones erráticas, nocivas a diversos sectores sociales, y contrarias a las propuestas enarboladas durante las campañas electorales. Improvisada, informal, y poco comprometida con su mandato representativo, la clase política cede fácilmente ante esas presiones y actúa de manera mezquina e irresponsable. La derecha, enceguecida por su lógica de acumulación, impone políticas conservadoras por sobre demandas razonables y urgentes de la ciudadanía. Las tecnocracias y su supuesto manejo técnico serían simples caballos de Troya encargados de promover y proteger los intereses del gran capital, sobre todo cuando estos se ven amenazados por crecientes presiones y cuestionamientos sociales. Por su parte, las propuestas de solución a estos problemas buscan, por diversos mecanismos, incentivar una mayor pluralidad y representatividad en la oferta política, y generar en nuestras autoridades un comportamiento transparente y responsable con su electorado. Aumentar el número de congresistas, prohibir la reelección regional, castigar el transfuguismo, exigir mayor transparencia en el financiamiento a los partidos, otorgarles financiamiento público, todas estas propuestas de reforma apuntarían a lograr esos objetivos.

Sin embargo, alineada con los supuestos teóricos arriba señalados, nuestra confianza en estas reformas de la política pasa por alto algunas limitaciones importantes. En buena cuenta, asumimos que la voluntad de “la sociedad” (casi siempre en singular) puede efectivamente expresarse mediante el voto mayoritario hacia algún candidato o partido. Asumimos también que las autoridades tendrán suficiente conocimiento sobre los intereses y preferencias de sus electores como para administrar el aparato estatal basándose en ellas. Siguiendo esa lógica, pasadas las elecciones las personas que componemos la sociedad perdemos relevancia como actores participantes; a fin de cuentas, serán nuestros representantes políticos quienes se encargarán de tomar decisiones e implementar medidas basándose en nuestras preferencias ya conocidas. Bajo ese común diagnóstico sobre los problemas y sus múltiples propuestas de solución, subyace entonces una misma lógica para escapar de la alienación: si tan sólo pudiésemos contar con autoridades que efectivamente representasen la voluntad de la mayoría y que administrasen el Estado de acuerdo a ella, nuestra democracia sería legítima y saludable.

Dos Límites de la Representación

Creo que esa lógica política es útil pero incompleta. Se enfoca máximamente en el Estado y los políticos como administradores delegados, y mínimamente en la sociedad y sus grupos concretos como actores participantes. Completarla requiere considerar dos limitaciones principales. En primer lugar, es engañosamente simple la idea de que el voto mayoritario pueda expresar una voluntad general o unánime de la sociedad. Si bien es cierto que existen doctrinas políticas y económicas diferenciables entre candidaturas, y que presidentes, partidos o coaliciones pueden ganar elecciones gracias a ellas, también lo es que los intereses concretos, múltiples y complejos que recorren la vida en sociedad no pueden resumirse a tales doctrinas. Una mayoría es una noción aritmética y estática, y no una realidad sociológica y dinámica. Los “ciudadanos iguales ante la ley” son una ficción legal, en verdad solamente existen personas portadoras de particularidades que las hacen únicas. En el Perú, las vastas diferencias económicas, geográficas, religiosas, lingüísticas, culturales, y de ciudadanía, contribuyen a complejizar y particularizar aún más los intereses políticos de las personas. Aun si muchos comparten ideales generales de desarrollo inclusivo e institucional, no es posible identificar las preferencias y expectativas específicas de los millones de personas distintas que votaron por una misma candidatura. Por ejemplo, como bien señala Carlos Meléndez, la candidatura de Keiko Fujimori podría ser atractiva tanto para quienes rechazan el “statu-quo” como para individuos conservadores en temas sociales. De hecho, las preferencias políticas en una sociedad son tan diversas e insospechadas, que ni un cuadro politológico de cien casillas bastaría para capturar las motivaciones y combinaciones de intereses de los electores. A pesar de la utilidad de conceptos como “voto mayoritario” y “representación”, no existe una generalidad de intereses que sea fácilmente expresable por la sociedad y representable por presidentes, congresistas o autoridades regionales. Por el contrario, existe una gran diversidad, dinamismo y complejidad que no puede simplificarse.

En segundo lugar, también es incompleta la idea que esos supuestos intereses representables puedan ser efectivamente atendidos por la administración estatal mientras que los grupos sociales involucrados permanecen alejados de ese proceso. La historia nos enseña que el poder simbólico, territorial y legal del Estado moderno ha ido en constante aumento. Y es precisamente porque hoy en día ese poder estatal impregna tantos aspectos de la vida, que la administración pública genera constantes tensiones y disputas que no pueden solucionarse a través de procesos estandarizados o programas generales preconcebidos. A pesar de recibir millones de votos, es frecuente que las autoridades y sus burocracias tomen decisiones profesionalmente planificadas, que sin embargo deben pronto descartar, pues resultaron impopulares entre los sectores afectados y generaron consecuencias no anticipadas. El reordenamiento de las ciudades, las reformas de transporte y comercio, la modernización de servicios públicos, o la formalización de la pequeña minería son casos que evidencian las dificultades de esa forma de planificación. En todos ellos, los planes de la autoridad generaron malestar entre grupos que se sintieron maltratados, excluidos y perjudicados por el afán administrativo. Los resultados fueron el rechazo a la ley y el incumplimiento de los planes impuestos, el malestar de los ciudadanos ante el desempeño de la autoridad, y el declive de la legitimidad política.

La visión administrativa que emerge desde las alturas del Estado, explica James Scott, necesita interpretar la sociedad de forma simplificada, apelando a información y categorías estandarizadas, y a conceptos fácilmente medibles. Que hoy en día las personas utilicemos apellidos además de nombres propios para identificarnos, puede rastrearse en el pasado hasta los censos de población ejecutados por la autoridad Florentina en el siglo quince. Esa necesidad de interpretación simple para administrar el tejido social condiciona a las autoridades actuales a perder de vista la complejidad y particularidad de cada espacio local y grupo social, motivando graves errores al momento de interactuar con ellos. Los lamentables y graves enfrentamientos recientes entre autoridades nacionales y poblaciones rurales y nativas, están también asociados a un profundo desconocimiento estatal de esas realidades locales, además de una baja disposición gubernamental para escuchar a las personas afectadas y reconocer la complejidad y sentido de la disputa. Resumiendo, el dinamismo y la complejidad de las preferencias sociales, así como la especificidad del conocimiento de la realidad local, no pueden encarnarse en el voto mayoritario, ni en los grandes planes de la administración estatal.

El Rol de las Organizaciones Sociales Intermedias

Para completar nuestro razonamiento sobre cómo escapar de la alienación política, debemos redescubrir la importancia y el rol de las organizaciones sociales intermedias. Estas son aquellas en donde los ciudadanos se asocian más allá de su vida personal, sin llegar a ser grupos políticos. Entre el padre de familia y las decisiones de las congresistas o presidentes regionales, intervienen las asociaciones de agricultores y comerciantes, sindicatos obreros y de trabajadores, cooperativas, iglesias locales, federaciones o clubes de distinto tipo, grupos de pequeños empresarios, colectivos estudiantiles, artísticos e intelectuales, entre otros. Durkheim señalaba que estos espacios generan solidaridad, y que permiten asimilar (hacer parecido) a las personas en virtud de aspectos socialmente relevantes de su vida. En un contexto de alta desigualdad de acceso a recursos políticos, existen varias razones que las hacen necesarias para fortalecer la democracia. Una primera es que, como anticipé líneas más arriba, el origen moral de la autoridad elegida por el voto mayoritario no basta para encarnar las expectativas y necesidades concretas de las personas. Recordemos que el ex presidente Toledo obtuvo la mayoría del voto en prácticamente todos los departamentos del país; sin embargo, la baja aceptación popular que acompañó casi todo su mandato indica que ese gran electorado estuvo insatisfecho. Sin duda, la voluntad y orientación política de un líder y su partido importan, pero la presencia de una red extensa de organizaciones intermedias que visibilicen y expresen sus necesidades y prioridades impulsa esa crucial relación entre ciudadanos y autoridades. Los avances en educación y derechos humanos durante ese periodo se dieron también gracias al esfuerzo de organizaciones que promovían esos temas.

Una segunda razón es que la administración eficiente de la realidad local requiere de lazos con organizaciones sociales portadoras de conocimientos detallados sobre su problemática específica, promoviendo la eficiencia y legitimidad de las medidas adoptadas. Ganar unas elecciones libres y transparentes otorga un reconocimiento social general: la autoridad surge de las reglas aceptadas de la democracia y no existen razones de principio para rechazarla. Pero se trata solamente de una legitimidad de “acceso” al cargo público; ello no garantiza también la legitimidad de “ejercicio” o desempeño durante todo el mandato. Tanto para autoridades locales como nacionales, esa legitimidad de desempeño debe ser más bien un logro constante, forjado en el trabajo democrático del día a día, y a través de relaciones saludables con múltiples grupos sociales a lo largo de todo el país. Es decir, además de ¿cómo organizar la industria minera en el país?, habría que también preguntarse ¿con qué organizaciones locales pueden vincularse las agencias del gobierno, para evaluar las posibilidades de hacer este proyecto específico compatible y beneficioso a esta realidad particular? Si bien el Estado necesita categorías claras y simpleza para controlar, los grupos sociales tienen biografías y complejidad que expresar, y esto será facilitado si las personas pueden deliberar, participar y confiar a través de sus organizaciones intermedias cuando la situación lo amerite. Que los partidos políticos sean débiles no implica que la sociedad también deba serlo. Por ejemplo, en Ecuador, a pesar de la debilidad estatal, la participación de sólidas organizaciones indígenas facilitó la implementación eficiente de programas de desarrollo étnico. Su conocimiento detallado de los problemas locales, su amplitud organizativa, y la confianza hacia sus liderazgos, permitió superar problemas de implementación y cumplir los objetivos estatales. Es así que las organizaciones intermedias pueden funcionar como una bisagra que vincule Estado y sociedad en situaciones concretas, generando confianza, reduciendo la incertidumbre, y haciendo visibles los problemas y oportunidades de cada caso.

Organizaciones Intermedias, Partidos y Estado

Las organizaciones intermedias no son una alternativa a los partidos políticos; tampoco una panacea que solucione todas las dificultades. Pero sí son un importante componente de la infraestructura social de la democracia. Está claro que los partidos políticos juegan un rol vital en términos de promover políticas públicas y grandes reformas, así como de liderar procesos, amalgamar intereses y negociar decisiones de impacto nacional. Las organizaciones intermedias bien pueden colaborar con partidos tanto de izquierda como de derecha. Detrás de la mayor vida partidaria en países vecinos como Brasil y Chile, existe un vasto tejido de organizaciones intermedias que la nutren y vigorizan, proveyendo a los partidos de redes que los vinculan a la sociedad. Asimismo, las personas que participan en estas organizaciones desarrollan habilidades, disposiciones y conocimientos que pueden luego enriquecer la política formal. No es casual que en países desarrollados como Inglaterra, Francia o Estados Unidos, sea frecuente que los representantes políticos tengan una larga y exitosa experiencia en este tipo de organizaciones.

Aclaro que enfatizar la importancia de las organizaciones intermedias para la democracia no implica debilitar al Estado y la ley: el poder estatal sigue siendo el de tener la última palabra al tomar decisiones en nombre de lo colectivo. La idea consiste más bien en reconocer que la legitimidad de la ley y las políticas no se deriva únicamente de la autoridad que las emite o de su contenido mismo; se construye también a través de la equidad, apertura y participación social detrás de su formulación. En un país históricamente construido sobre profundos desequilibrios económicos, políticos y simbólicos, que los gobiernos establezcan una relación cercana, respetuosa y atenta para reconocer (conocer de nuevo) la particularidad y complejidad de los grupos sociales y su problemática, resulta un deber moral y democrático impostergable. Visto así, el imperativo democrático de otorgar soberanía a los ciudadanos no se logra únicamente estableciendo el voto obligatorio y garantizando un proceso electoral limpio desde la cima; se construye también desde la base, a través de las interacciones constantes y positivas entre autoridades públicas, planes administrativos, y colectividades involucradas. Hugo Neira lo resumió con elegancia: en el Perú, urge promover una legitimidad de cercanías.

Observaciones Finales

El énfasis que otorgamos a reformar la política formal probablemente se alimenta de cierta desesperanza frente al estado desarticulado de la sociedad peruana. Sin embargo, fue de la historia reciente (periodos de crisis, convulsión y represión política) que la sociedad resultó atomizada. De hecho, comparada con otras capitales de la región, Lima cuenta hoy con una gran cantidad de asociaciones populares. Sin embargo, su relación con las autoridades es aún precaria, mediante vínculos clientelares e intermitentes en un contexto de pobreza. Por otra parte, la informalidad y bajo desarrollo de las relaciones económicas dificultan la formación de grupos y redes organizadas; no existe suficiente confianza, estabilidad y coordinación entre trabajadores o empresarios de diversa índole para construir organizaciones amplias y durables. Si la evolución histórica de la democracia moderna está asociada a las exigencias de sociedades internamente diferenciadas por el capitalismo industrial, no sorprende que nuestra economía ambigua y poco desarrollada esté desalineada con algunos componentes de ese esquema de gobierno. Evaluar y analizar el desarrollo de capital social en nuestras ciudades, así como el desempeño de los mecanismos de participación ciudadana son tareas empíricas necesarias para conocer los avances y retrocesos en este aspecto de nuestra vida política. Dicho esto, el mayor reto pareciera estar más bien en la actitud política dominante, que rechaza la expresión de preocupaciones e intereses colectivos como algo intrínsecamente problemático, en vez de aceptarlos como un producto natural de la libertad política. Pero una democracia debe admitir las diferencias y conflictos como bases necesarias de nuevos consensos y legitimidades.

Fortalecer nuestra democracia a mediano y largo plazo requiere entonces de prestar atención al rol político de una infraestructura densa y activa de organizaciones sociales, capaces de complementar la lógica de la delegación formal con aquella de la participación real. Si bien es necesario reflexionar y actuar en términos de reforma política inmediata, también debemos hacerlo en términos de proceso social e histórico. Desde esa perspectiva, quizá lo más valioso de la democracia sea simplemente que permite contestar el poder y exigir nuestro derecho a ser tomados en cuenta. Y si ante la frustración política persiste la tentación de encumbrar a un gran y poderoso líder que rescate la democracia, sería más coherente construir los caminos para que vayamos a rescatarla entre todos.

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